Opinión

Jose Luis Caballero Leal

Aquí encontrará un análisis crítico y actual sobre los principales acontecimientos políticos y sociales de México y el mundo desde la óptica de un ciudadano

Bancarrota política

2018-09-21 | JOSÉ LUIS CABALLERO LEAL
JOSÉ LUIS CABALLERO LEAL
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Imposible olvidar los devastadores efectos del terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 2017, no únicamente por la irreparable pérdida de vidas humanas y los daños materiales aún visibles en muchas zonas de la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Guerrero y Morelos, principalmente, sino porque autoridades de los órdenes federal, estatal y municipal, decenas de empresas constructoras y demás personas involucradas en el otorgamiento de los permisos de construcción de obras que se desmoronaron cual si fueren de arena y yeso, arrancándole la vida a cuando menos 369 personas y dejando a miles de damnificados, gozan de la más absoluta impunidad. En el colmo del cinismo, pretenden convertirse en voces que hoy reclaman justicia para las víctimas. Algunos asumieron cargos como flamantes senadores, otros como diputados, algunos más como alcaldes, una será Jefa de Gobierno de esta ciudad y otros simplemente se esfumaron, sin que en ningún caso se les haya imputado responsabilidad alguna, a pesar de las evidentes muestras de negligencia y corrupción en que cientos de obras de ésta y otras ciudades bajo su gestión, supervisión o administración, fueron edificadas, beneficiándose todos ellos de las consabidas absoluciones a cargo de autoridades que, para salvaguardar su presunción de inocencia -según dijeron-, ni siquiera tuvieron los “arrestos” de citarlos a comparecer para tomarles declaración ministerial. Puros chivos expiatorios, diría el presidente electo, en especial respecto de aquellos funcionarios adeptos a la causa morena.

Del destino de los millonarios recursos para la reconstrucción, lo que prevalece, hasta la fecha, es la más absoluta opacidad. Los reclamos de los damnificados a un año de la tragedia no cesan, y cientos de ellos, como los del Multifamiliar Tlalpan, aún viven en precarias condiciones en improvisadas tiendas de campaña localizadas en forma contigua a sus afectadas viviendas, en custodia de sus pertenencias en contra de los habituales actos de rapiña. La desatención por parte de las autoridades y el tratamiento clientelar de los recursos económicos generados para tales fines son el sello de la casa. A nadie se le apoya si no se saca una buena tajada de ello. De los fideicomisos constituidos para administrar los recursos económicos cabrían todas las críticas y cuestionamientos posibles por parte de la sociedad civil, que los aportamos exclusivamente para los fines de reconstrucción. Ya el propio Tribunal Federal Electoral se encargó de purificar al del partido que arribará al poder, a pesar de las irrefutables evidencias de los millonarios desvíos que, documentados todos y ampliamente reseñados por todos los medios de comunicación, incluidos los camajanes conservadores y la prensa fifí, ocurrieron de forma previa a las elecciones federales del pasado mes de julio. Lo dijimos muchos en su momento: lo mejor era aportar en especie porque de hacerlo en efectivo, el dinero serviría únicamente para enriquecer a quienes administraran esos fondos. El pueblo sabio no se equivocó, nunca se equivoca: se transaron el dinero para la reconstrucción.

Ceremonias de conmemoración luctuosa con funcionarios de todos los órdenes elegantemente vestidos de negro, con momentáneas expresiones de duelo, caras serias y compungidas y banderas a media asta fueron celebradas en muchos lugares de la República. El discurso oficial, plagado de cifras, datos y fotos, intentó justificar lo que es evidente: la burocracia gubernamental ha hecho del drama de miles de personas una tragedia continuada, producto de su injustificable ineptitud. La bancarrota declarada por López Obrador dista mucho de ser económica. La verdadera bancarrota nacional está en la ineficacia de sus instituciones y en el brutal descrédito de la clase política nacional.

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