¿Alcoholímetro legislativo?

Durante el transcurso de la semana que hoy concluye, fuimos informados de la intención de Morena de llevar a cabo la presentación de dos iniciativas una vez que dé inicio el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, lo que sucederá el 1º de septiembre próximo cuando formalmente quede instalada la LXIV legislatura. Se ha dicho que la primera de las iniciativas pretenderá la reducción de un 50% del presupuesto anual que el Estado otorga a los partidos políticos, siendo ésta una demanda que la sociedad civil ha impulsado desde muchos años atrás, pero a la que todos los partidos políticos, incluido Morena, se opusieron sistemáticamente. Esta iniciativa resultaba impostergable para López Obrador, quien, bajo la bandera de la austeridad que encabeza, no habría podido justificar tener partidos ricos, con una sociedad pobre. El ahorro será aún mayor si el TRIFE no cede a la intensa presión recibida con el objeto de dictaminar favorablemente los recursos de impugnación presentados por el Partido Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza, y en su lugar se confirma la cancelación de sus respectivos registros como partidos políticos por no haber logrado el 3% de la votación nacional requerido por la ley, en ninguna de sus fórmulas.

La segunda iniciativa supone un agresivo recorte al presupuesto del Poder Legislativo, que afectaría, desde luego, a los integrantes de ambas cámaras. Fuera guaruras, camionetas del año, viajes por doquier en condiciones de lujo extremo alrededor del mundo, como el que ahora indebidamente realiza un grupo de cinco Senadores a Nueva Zelanda, seguro de gastos médicos mayores familiar, gastos de representación sin justificar, asesores hasta para temas de imagen personal, regalos con cargo al presupuesto camaral y pago de celulares, entre una centena más de prebendas que históricamente venían adheridas al cargo legislativo. Se pretende, además, que ningún legislador tenga un salario superior al del presidente de la república, el cual ha sido fijado en 108 mil pesos mensuales, desapareciendo además bonos, vales y otras canonjías legislativas. Se ha propuesto, también, la eliminación total del fuero o cualquier otro privilegio que impida que un servidor público sea juzgado por los delitos que cometa.

Reconociendo la importancia de ambas iniciativas en caso de lograrse su inmediata aprobación y puesta en marcha, pues recogen la exigencia de una sociedad agraviada por décadas de interminables abusos, no todas las noticias provenientes de la Casa de los Milagros de la colonia Roma, en donde centenas de personas se forman diariamente desde la madrugada en espera de poder entregarle personalmente a AMLO algún tipo de petición, incluida la de ayudar a ‘Pedro Infante’, son plausibles, pues apenas el viernes pasado se anunció que Manuel Bartlett Díaz, con 82 años a sus espaldas, se hará cargo de encabezar la ineficiente Comisión Federal de Electricidad (CFE), que también el viernes hizo público el desastroso estado financiero en que se encuentra al concluir el segundo trimestre del año, con pérdidas netas de más de 29 mil millones de pesos. Doble golpe al sector eléctrico en un solo día, no solo en sus desaseadas finanzas, sino con la llegada de un nuevo director que, de sistemas y como derribarlos sabe mucho, (millennials, pregunten) pero que de energía eléctrica no tiene la más remota experiencia.

A manera de colofón, muy penosa la condición en que aparentemente se encontraba el octogenario legislador electo para encabezar la nueva Mesa Directiva de la Cámara de Diputados al darle una entrevista radiofónica al periodista José Cárdenas la semana pasada. Al parecer, se le pasaron las cucharadas de jarabe… Para dar cumplimiento al número 28 de los 50 puntos del plan anticorrupción de AMLO, sería conveniente considerar la instalación de un alcoholímetro en la entrada del salón de plenos del recinto legislativo. ¡A ver en cuántas sesiones se logra el quórum!