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En un país donde solo el 7% de la población confía en el gobierno, las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia deberían ser el contrapeso necesario para la reconstrucción de la confianza perdida. La independencia y autonomía de los órganos encargados de investigar y llevar a la justicia a los responsables de la comisión de conductas delictivas es hoy una exigencia indeclinable de la sociedad civil, harta, como quizá nunca antes lo haya estado, de ser testigo de los más evidentes y deleznables actos de corrupción, enmarcados en un clima de impunidad indignante.

Raúl Cervantes, el ‘fiscal carnal’, renunció intempestivamente a la Procuraduría General de la República. Tercer Procurador que abandona el cargo en este sexenio, posterior a que el agotado Murillo Karam abandonara esa posición, y posteriormente llegara Arely Gómez, quien poco duró igualmente en el cargo y que hace semanas tuvo el desatino de afirmar que la corrupción en México, ¡es un tema de percepción de las redes sociales! Desde el pasado 16 de octubre, Alberto Elías Beltrán asume, por suplencia, funciones como Procurador General de la República, manteniéndose el puesto acéfalo, pues tal nombramiento requiere de la ratificación del Senado de la República.

Desde el 27 de mayo de 2015 se promulgó la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción para prevenir y combatir la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas. De la legislación secundaria aprobada, una de las más significativas lo fue la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, a través de la reforma a la ley orgánica de la Procuraduría General de la República. Dos años y medio más tarde, no hay fiscal designado, porque el Senado de la República, convenientemente, es incapaz de alcanzar acuerdo alguno al respecto. Este nombramiento es clave para el gobierno federal actual, pues dicho funcionario se mantendrá al frente de ese órgano investigador durante los siguientes nueve años, sin poder ser removido. A Peña Nieto no le corre prisa alguna: o en período extraordinario y con los votos del PRI, Verde y los “rebeldes” del PAN designará a quien mejor convenga a sus intereses, o se negociará su designación con quien resulte ganador de las elecciones presidenciales, inclusive si fuere el mesías tropical.

Nadie extrañará a Santiago Nieto como Fiscal de Delitos Electorales, cuyo despido apenas el viernes pasado fue formal y legalmente ratificado. Y no lo harán por las monumentales pifias que salió a declarar en un tour de medios en defensa de su remoción, en donde no solo se contradijo una y otra vez, sino que evidenció, con creces, haber violado la secrecía de un proceso seguido en contra de Emilio Lozoya por el caso Pemex-Odebretch. La necesidad de contar con un fiscal de delitos electorales a semanas de dar inicio el proceso electoral más reñido en la historia de este país, no amerita explicación o justificación alguna.

Tres de tres posiciones estraté- gicas para la Nación se encuentran acéfalas por conveniencia, por incapacidad de los propios partidos para ver más allá de sus propios intereses o porque las fuerzas políticas estén negociando las respectivas concesiones a cambio del voto aprobatorio. Mientras tanto, la procuración de justicia en nuestro país vive una de sus peores crisis en la historia. ¿Hasta cuándo?